El juntero jeltzale Xabier Ezeizabarrena,
ha señalado que “ese incumplimiento ha causado perjuicios económicos
importantes al Territorio”.
El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma
Vasca, Juan Calparsoro, y el director de Régimen Jurídico de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, Luis Elizegui, han abierto las comparecencias que desde esta
mañana y hasta finales de año se irán sucediendo en las Juntas Generales de
Gipuzkoa, en el marco de la comisión para el estudio de la gestión del
Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. Cabe recordar que Calparsoro archivó
provisionalmente las diligencias abiertas en torno a la decisión de Bildu de
paralizar del plan de gestión de residuos aprobado por las Juntas Generales de
Gipuzkoa, a la espera de lo que suceda en los procedimientos civil y
contencioso administrativo en trámite.
Una vez escuchadas las explicaciones del Fiscal
Superior, el juntero de EAJ-PNV Xabier Ezeizabarrena ha señalado que “la comisión de
estudio sobre la gestión de Bildu al frente del Consorcio de Residuos de
Gipuzkoa ya está dando sus frutos. Hoy ha quedado demostrado a las claras que
ha existido arbitrariedad política para paralizar la construcción de la planta
de valorización energética prevista por el PIGRUG en Zubieta”.
En este sentido, Ezeizabarrena ha subrayado que “la
clave en este estudio reside en la Nora Foral 7/2008 por la que se aprueba el documento de
progreso del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa, que
salió adelante con el apoyo mayoritario de las Juntas Generales. Se trata de
una norma foral de obligado cumplimiento que la Diputación Foral
de Gipuzkoa gobernada por Bildu se ha negado a cumplir desde el principio en
base a criterios exclusivamente políticos. Esto es, la Diputación no ha tenido
ninguna motivación jurídica para justificar el incumplimiento de la norma
foral”.
Del mismo modo, el juntero de EAJ-PNV ha destacado
que “de las palabras del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma
Vasca destaca el hecho de que queda probado que existe un
importante perjuicio económico para las arcas del ente foral. La decisión de
suspender la incineradora trajo el consiguiente pago de indemnizaciones millonarias
a las empresas encargadas de la construcción de la planta incineradora de
Zubieta por no hacer nada. Además, la Diputación continua manteniendo el cobro
de una tasa a toda la ciudadanía, que está pensada en base a la misma norma
foral que no quiere cumplir, lo que exige la necesidad de adecuar dicha tasa”.
Asimismo, Xabier Ezeizabarrena
ha pedido que se aclare “si existe algún informe o advertencia jurídica sobre
si la tasa o los acuerdos que se han adoptado en el Consorcio contravienen la
norma foral vigente” y que “se facilite a la comisión los informes necesarios
para poder llevar a cabo el estudio sobre la gestión de GHK de la manera más
fiel posible, cosa que la Diputación ha evitado hacer hasta la fecha”.
Para finalizar, Xabier Ezeizabarrena
ha denunciado que “de las dos comparecencias también ha quedado claro que esta
legislatura el asesoramiento jurídico de la Diputación al Consorcio de Residuos
de Gipuzkoa ha sido prácticamente inexistente. Eso supone una gran diferencia
respecto a la anterior legislatura en la que se consultaban casi todas las
decisiones a adoptar, lo que deja a las claras que Bildu sigue con su modelo de
imposición y falta de transparencia”.
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