EAJ-PNV SOLICITA A LA DIPUTACIÓN QUE EXPLIQUE LAS RAZONES DE LA BAJADA DE 222 MILLONES DE EUROS EN LAS PREVISIONES DE RECAUDACIÓN FIJADAS.

La Hacienda de Gipuzkoa ha presentado el balance de la recaudación fiscal de 2012  hoy ante los medios de comunicación. Tras analizar la información ofrecida por la directora Itziar Miner, EAJ-PNV ha solicitado la compareciencia urgente de la diputada de Hacienda Helena Franco en las Juntas Generales de Gipuzkoa para que dé cuenta del desfase final existente entre las cantidades que en su día dijeron iban a ingresar y lo finalmente recaudado. 


Las previsiones de ingreso para el 2012 eran de 3.837 millones de euros, aunque, finalmente se han recaudado 3.615 millones de euros, según fuentes de la propia Diputación. Así, los ingresos han sido, finalmente, un 5,8 % inferiores a lo previsto, exactamente de 222 millones de euros menos. Esta situación, en opinión de EAJ-PNV, exige una explicación al resto de los partidos políticos, a quienes la diputada de Hacienda debe aclarar  las razones por las que las previsiones han sido erróneas, así como el impacto que esta bajada va a tener en los gastos e inversiones que estaban previstas.

Del mismo modo, EAJ-PNV recuerda que en diciembre ya solicitó mediante una propuesta de resolución la actualización del documento económico – financiero para los siguientes ejercicios, ante la la previsible caida de la recudación y de la grave situación económica que se vive en el Territorio.

Estos  hechos demuestran,  asimismo, la irresponsable y frívola actitud con la que destacados responsables de la Hacienda de Gipuzkoa han realizado declaraciones sobre las previsiones de ingreso de otros ejercicios con desfases mucho menores y han acusado de crear agujeros y desfases de manera grave y gratuita, pese a ser mentira.

Para finalizar, EAJ-PNV vuelve a realizar un llamamiento especial a Bildu para que, atendiendo a la bajada de recaudación en comparación con otros años,  adopte las medidas y ponga en marcha los planes anticrisis y de promoción económica, aprobados por las Juntas Generales y demandados por los diferentes agentes sociales y económicos del Territorio.