El juntero jeltzale, Joseba Antxustegi, ha recordado
que “la Diputación no tiene competencias en materia laboral, por lo que la
norma foral aprobada generará expectativas entre sindicatos y trabajadores que
se pueden truncar”.
Las Juntas Generales de
Gipuzkoa han aprobado esta mañana durante la sesión plenaria la Norma Foral de
incorporación de cláusulas sociales en los contratos del Sector Público Foral.
El grupo juntero de EAJ-PNV se ha abstenido, según ha explicado Joseba
Antxustegi, “porque aunque estamos de acuerdo con el fondo, la Diputación no
tiene competencias en materia laboral”. En opinión de Antxustegi, “coincidimos
en que hay que introducir cláusulas sociales pero observamos que existen
problemas de encaje jurídico en la Norma Foral. Hay muchas incertidumbres que
la Diputación no aclara ”.
En este sentido, el
juntero de EAJ-PNV ha señalado que “el anterior gobierno foral ya introducía en
los pliegos de los contratos de obra pública la aplicación del convenio
colectivo. Sin embargo, el proyecto de la Diputación de Bildu no tiene garantía
jurídica alguna, tal y como ha confirmado la propia diputada de Movilidad e
Infraestructuras viarias, Larraitz Ugarte, la Diputación no tiene competencia
en materia laboral”.
Del mismo modo, Joseba
Antxustegi ha criticado que “en ningún momento de la Norma Foral se especifica
en base a qué normativa puede la Diputación presentar esta norma”. Así,
Antxustegi ha subrayado que “Bildu está generando expectativas entre sindicatos
y trabajadores que pueden verse truncadas, ya que la Diputación no tiene
competencia en materia laboral para legislar”.
Asimismo, el procurador
jeltzale ha recordado a Bildu que “no se puede ser patronal y sindicato al
mismo tiempo. En la obra de la variante de Hernani, la Diputación de Bildu
tenía que ser patronal, tenía que vigilar el cumplimiento de las cláusulas establecidas,
pero no ha hecho nada y sólo ha reaccionado cuando sindicatos y trabajadores
han denunciado las irregularidades ocurridas”.
Para finalizar,
Antxustegi ha pedido a la Diputación que “garantice la imparcialidad de la mesa
verificadora para que se pueda realizar el mejor control posible sobre el
cumplimiento de las cláusulas sociales y el convenio colectivo en la ejecución
de las obras públicas forales”.
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